ESPAÑA: NO PASAR, PELIGRO DE DERRUMBE




     Si os pregunto a cerca del sistema político mediante el que se rige nuestro país, ¿diríais que vivimos en una democracia? Es casi seguro que casi la totalidad diría que sí, pero también sospecho que la respuesta sería un acto reflejo, un algo aprendido y pronunciado con comprensible orgullo a lo largo los últimos cuarenta años de historia, pero que nos nace sin pararnos a analizar si es un diagnóstico riguroso. Para poder analizarnos por dentro y llegar a una conclusión certera sería preciso repasar ciertas cuestiones: ¿en qué consiste una democracia?, ¿qué valores presupone?, ¿se están cumpliendo estos en España?, ¿cabe la posibilidad de ser una democracia en teoría pero no en la práctica?

   Acabo de leer un artículo de El New York Times en el que se afirma que a día de hoy España se encuentra entre las democracias que se derrumban estrepitosamente. Al parecer  su situación es pareja a la de Italia, Hungría y Polonia, y siguen todas ellas las estela de lo ya acontecido en Turquía, Brasil, Filipinas, Honduras, Rusia y Venezuela. Leer un dato de estas características me deja desde luego un regusto a visión catastrofista y agorera, pero aún peor me resulta el hecho de que muy en el fondo sé que se trata de algo absoluta y tristemente cierto. Hablar del derrumbe de nuestra democracia supone referirnos a un retroceso profundo hacia el autoritarismo y por ende a una evaporación de los pilares que constituyen de base lo que define un sistema político democrático, esto es, asistir a un movimiento fuertemente enraizado en la concentración del poder en las élites. Pero, ¿realmente es este el caso de España?, ¿nos organizamos en torno a un sistema de gobierno democrático que pierde tal esencia a pasos agigantados? Comprobar si esto es o no cierto nos lleva a repasar los valores fundamentales en los que ha de sustentarse obligatoriamente una democracia, para así observar cuántos de ellos se conservan intactos, cuántos se han desvirtuado y cuántos -si es el caso- aún no han llegado a ponerse jamás en funcionamiento en nuestra historia más reciente, siendo: Responsabilidad civil, valores democráticos, descentralización, participación política, principio constitucional y responder a uno de tres los modelos democráticos existentes. 


RESPONSABILIDAD CIVIL. ¿SOMOS CIUDADANOS RESPONSABLES?

     Es el primero de los principios de toda democracia, lo que significa que los ciudadanos adquirimos una responsabilidad social consistente en ejercer nuestro derecho a voto para elegir a nuestros representantes. Así pues, el no acudir a las urnas en tiempos de elecciones supone faltar a dicha responsabilidad -derecho y obligación a partes iguales-, por más que contemos con la posibilidad de ejercer el derecho a abstenernos en el caso de no encontrar opciones, de no identificarnos con ningún partido o representante. En tales casos suelo decir que la opción del voto en blanco está sobre la mesa. Existe asimismo quien no vota, no ya por no saber a quién, sino porque evade la situación, se despreocupa y no asoma su cabeza a la realidad política. “No entiendo”, “no me gusta”, “no soy político”. Incongruencia y sandez, por cuanto desde que ponemos un pie en la calle formamos parte del circo político. Y en nuestra comunidad de vecinos. Y en nuestra casa. Y al pagar el recibo del agua o de la luz. Por lo que salirse por la tangente no es verosímil en este caso. La única forma de mantenerse al margen de la vida política sería viviendo aislados en un territorio sin jurisdicción ni organización algunas. Por tanto, ejercer el derecho a voto es nuestra responsabilidad civil como miembros de una democracia, pero ¿nada más? Aquí es donde nace la madre del cordero, puesto que no basta con acudir a echar una papeleta al buen tun-tun, sino que parte de la citada responsabilidad consiste en ejecutarla con cordura, con compromiso y con total y escrupulosa exigencia. Algo sucede en España que parece que adolecemos de un mal formado a partes iguales por el consentimiento, el conformismo, el bajo nivel de exigencia y la tolerancia de altas tragaderas al mandatario. A diario olvidamos que son ellos quienes trabajan para nosotros y no a la inversa, que si no hacen bien su trabajo o ya ni tan siquiera lo hacen hemos de echarlos a la calle sin contemplaciones ni pérdidas de tiempo, que no hemos de rendir pleitesía y ni mucho menos hacer una reverencia a su paso, y que no están por encima de ningún otro ciudadano del Estado. Ni muerden ni pintan nada, si nosotros no queremos. Y sin embargo en nuestro país asumimos y consentimos que hagan y deshagan a su antojo, sin dar explicaciones, y sin obligarle a ellas de hecho. Un político que no explica su labor, un político sobre el que sobrevuele el menor signo de acción reprobable, o un político que equivoque su tarea ha de abandonar su puesto de forma inmediata y por su propio pie. Y si se hiciese el sueco, ha de ser obligado a largarse. Ni que decir tiene que volver a elegirlo como representante no solo denota una enorme carga de estupidez en la ciudadanía, sino que es al tiempo una traición a todos y cada uno de los ciudadanos que componen la sociedad en la que vivimos. 
     Así, repasemos: nuestra responsabilidad civil implica ejercer nuestro derecho a voto, llevarlo a cabo con cabeza y reflexión, observar meticulosamente la acción de los elegidos, no consentir acciones impropias y/o irresponsables, echar a quien no cumpla con honestidad y competencia, y no volver a votar a quien no ha respondido como se esperaba.
      ¿Y en España? Se vota poco y mal. Faltan ganas, falta motivación y se asume que quien gana tiene la sartén por el mango, así como en tiempos de la dictadura, ahogando nosotros mismos nuestras capacidades de protesta y de cambio. 


TODA DEMOCRACIA HA DE FUNDAMENTARSE EN UNA SERIE DE VALORES IMPRESCINDIBLES

    Y es que efectivamente, todo sistema democrático ha de reposar sin excusa en un conjunto de valores morales, éticos y sociales que conlleva el desarrollo de los siguientes principios: libertad, respeto, tolerancia, compromiso, solidaridad, igualdad, fraternidad, justicia, soberanía y participación. Y lo damos por hecho, pero, ¿nos hemos parado a observar si estos se están respetando en la España actual? Mucho me temo que el panorama da como mínimo para echarse a temblar.
    En los últimos años el principio de libertad ha sido paulatinamente herido de muerte. La ley mordaza (1) es tan solo un ejemplo, aunque tremendamente gráfico, de ello, y de la vuelta a los tiempos del gobierno autoritario de la dictadura en los que formular en público una opinión contraria al régimen desembocaba en pena de cárcel o incluso en pena de muerte. Hoy tenemos ya, vergonzosamente, ejemplos de cantantes (2), raperos (3), o directores de revistas de humor (4) sentados en el banquillo o incluso en prisión. ¿La causa? Haber compuesto y cantado temas en los que se criticaba al Estado o escribir un texto satírico sobre la policía. ¿El resultado? Denunciados y condenados a prisión, por lo que se considera atentar contra la patria. Y mientras hay periodistas (5) y tertulianos de radio y televisión que campan a sus anchas por los diferentes medios de comunicación haciendo, con las más absolutas falta de ética y tolerancia, declaraciones de extrema gravedad contra los derechos humanos o la libertad ideológica de cualquiera que piense diferente, pero que en ningún momento son sentados ante un juez y ni mucho menos encerrados en la cárcel. ¿Les ampara su derecho a la libertad de expresión?, ¿es esta distinta o mayor en su caso?, ¿resulta definitiva su adhesión al partido político gobernante? Y más,.. mucho más, puesto que para más inri, asistimos a más de 1378 casos de políticos imputados por corrupción -900 de ellos del partido que actualmente ocupa el gobierno, Partido Popular-, de los que tan solo 87 se encuentran en prisión.; esto es, casi 1300 individuos que, estos sí,  atentando directamente contra la sociedad y contra la patria, no han pagado por haber cometido delitos de robo, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho,… contra todos y cada uno de los ciudadanos que conformamos este país. 
  Del resto de los valores que conforman una democracia podríamos realizar un análisis exhaustivo y el resultado no sería en absoluto mejor. El respeto y la tolerancia caen en el momento en el que se diferencia entre, por ejemplo, un matrimonio heterosexual y uno homosexual. El compromiso se dinamita cuando no se cumplen las responsabilidades adquiridas en el documento político que llevó a ese partido al poder, o cuando se pone en marcha una medida que no favorece -y hasta perjudica- a la ciudadanía, sino a las grandes finanzas. La fraternidad y la solidaridad -que no caridad- se desvanecen cuando se permite que las calles vuelvan a estar llenas de gentes sin recursos o no se apoya adecuadamente a las víctimas de malos tratos. La igualdad es inexistente cuando un hombre y una mujer son juzgados socialmente con distinto rasero, o cuando un tribunal juzga a un ciudadano de a pie con una dureza diez veces mayor que a un miembro de la élite. Ahí la justicia se deforma grotesca y obscenamente. Después de todo ello, la soberanía deja de estar en manos del pueblo y la participación de este se convierte en irrisoria.


UN SISTEMA DEMOCRÁTICO ¿GARANTIZA NUESTROS DERECHOS Y VELA POR NUESTRO BIENESTAR?

    Y como ciudadanos de un Estado democrático ha de asegurarse el respeto a nuestros derechos humanos, civiles, sociales, libertad de expresión, libertad de culto, inclusión de minorías, acceso a la educación e igualdad de oportunidades. Por su parte, el respeto de la libertad garantiza la diversidad de opiniones, la lucha contra las desigualdades sociales, el acceso al conocimiento y la información, denuncias contra actos de corrupción,…
   Y al llegar a este punto verdaderamente se me ponen los pelos de punta, porque no hay ni uno solo de estos aspectos que no se encuentre altamente tocado hasta el hueso. De la diversidad de opiniones ya he tratado anteriormente, y recalco que no se trata esta herida de una intolerancia a pie de calle entre iguales, sino de que tal principio democrático hace aguas desde la propia base desde el momento en el que la misma legislación lo encarcela y asfixia -ley mordaza, Cataluña,…-. Pero veamos más. ¿Qué hay de las desigualdades sociales? Nuestro país atraviesa hoy una situación de desigualdad como no se daba desde mediados del siglo XX. Los últimos informes de la Comisión Europea la tildan de crítica, a la luz del dato de que el 28% de la población española se  encuentra en riesgo de pobreza, tasa solo superada por Bulgaria, Rumanía, Grecia, Lituania, Croacia y Letonia. Además, tanto Europa como la OCDE alertan de la escasez e ineficacia de las políticas españolas para proteger a los más vulnerables, así como para redistribuir la riqueza. Inevitablemente el resultado de todo ello es que conformamos una sociedad altamente desigual y que va a más. No hay que rascar mucho para darnos cuenta de que en efecto las políticas puestas en marcha desde el gobierno no solo desatienden a gran parte de la esfera social, sino que potencian la brecha entre ciudadanos. Pensionistas, jóvenes, desempleados,… todos ellos ven como de año en año sus recursos merman, las ayudas desaparecen y, lo que es peor, sus derechos ya adquiridos son pasados por la quilla sin que tiemblen manos. Así, quienes han de velar porque no le falte lo esencial al pueblo y porque cada ciudadano reciba lo que realmente le corresponde por ley y por principio democrático, convierten tal obligación en un regalo, cuya concesión hacen aparecer o desaparecer a su conveniencia y del que esperan agradecimiento en caso de ser recibido. Se erigen en otorgadores de pan y de circo, como si de miembros de una organización de caridad se tratara y, al tiempo, engordan y adelgazan dichas huchas que habrían de ser intocables, si de verdad se vive en un estado democrático. Suma y sigue. Y nos detenemos ahora en el acceso al conocimiento y la información en toda democracia. Sin manipulación. Sin censuras. Pero,… tampoco. Que un ente de comunicación privado arrime es ascua a sus intereses a la hora de informar al pueblo se me antoja despreciable y nada ético. Pero es privado. No lo consumo, no lo pago, no lo compro. Y punto. Pero que el ente público del Estado, perteneciente a toda la ciudadanía del país y pagado por todos, manipule la información, pretenda conducirnos hasta donde se beneficia a quien está al mando, censure las noticias que son desfavorables al gobierno y presione -y despida- a sus periodistas para contar lo que les place y como les place es terrorífico, antidemocrático y propio de todos los regímenes políticos autoritarios que puedan venirnos a la mente. Y señores, eso está ocurriendo en Radio Televisión Española, dirigida, gestionada y controlada al detalle por un equipo al servicio del gobierno de la nación (6). De la educación y acceso al conocimiento igualitario y para todos podemos apuntar que las medidas tomadas en materia educativa en los últimos años se han dirigido a desandar parte del camino andado en los primerísimos años de la democracia: aumento de las tasas universitarias; empuje a la enseñanza privada sobre la pública; reducción de becas en número y cuantías; remodelación de los planes de estudio universitarios hacia la casi imprescindible exigencia de postgrados, de matrícula casi siempre impagable para quien no goce de una posición económica desahogada;... y eso por no hablar del tráfico de títulos entre amigos y afines sin necesidad de forjarse un currículo real ni de realizar los correspondientes estudios. 
  A la vista de todo lo anterior queda patente que ni nuestra democracia garantiza todos nuestros derechos, ni lo hace para todos de igual forma, ni desde luego vela por el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos con igual rasero. Existen ciudadanos de primera y de segunda, por cuanto el sistema que no solo permite, sino que fomenta tal distinción no ha de ser calificado de democrático.



LA DEMOCRACIA ABOGA POR LA DESCENTRALIZACIÓN DEL PODER

     Y existen sin duda las competencias autonómicas, pero los datos cantan, y los presupuestos generales que cada año se firman en Madrid marcan el paso de cada una de las diecisiete comunidades autónomas que conforman el mapa del país. Hasta ahí no tendría que haber nada de malo, si no fuera porque de nuevo aquí existen autonomías de primera y de segunda categorías. Que el signo político del gobierno de turno y la afinidad o discrepancias con el gobierno central decantan la caída del platillo de un lado u otro de la balanza. Que la presencia de intereses económicos -sedes de empresas del IBEX- en ciertos territorios favorecen un mimo concreto con ellas. Y que la ubicación de los feudos electorales de uno u otro signo en ciertos puntos del país también sirven como medida de presión para que el Estado invierta en ellas. ¿Resultado? Un ciudadano andaluz no vale lo mismo que un cántabro, ni este que un vasco, ni este que un catalán, un manchego o un canario. Lo democrático queda de nuevo desdibujado, ahora desde el punto de vista de la gestión territorial.



DIAGNÓSTICO: EL SUEÑO DE UNA DEMOCRACIA DE PAPEL

    Si como comenté al inicio, toda democracia se sustenta en el desarrollo de una serie de valores fundamentales y la ausencia o deterioro de estos supone herirla de muerte, nuestra democracia tristemente agoniza. No conserva intacto casi ninguno de los rasgos que habrían de caracterizarla. Ni siquiera el ejercicio del voto, por cuanto se ajusta a una ley electoral (7) que,… ¿adivináis?,… de nuevo diferencia el valor del voto ciudadano en función a su origen geográfico. Y eso sin mencionar que favorece de forma escandalosa el bipartidismo y las mayorías absolutas. El pastel queda ya repartido.
   Pero, ¿cómo es posible que el sistema democrático que viene desarrollándose en España durante las últimas cuatro décadas resulte casi un espejismo?, ¿ha sido siempre así? Mucho me temo que sí. Es cierto que han existido momentos de claros y momentos de sombras, pero si nos retrotraemos al origen del sistema democrático no es complejo descubrir que este construyó sus cimientos sobre las bases del sistema anterior, un régimen dictatorial fascista de otras cuatro décadas de trayectoria. La democracia llegó para dar cabida a todos cuantos ya estaban, es decir, para seguir protegiendo a las élites y no desbancarlas de los puestos que llevaban ocupando desde siempre. El sistema de redes clientelares continuó funcionando y últimamente parece que con más fuerza que nunca, o al menos nos resulta más visible toda vez que nos hemos quitado la venda de los ojos. Favor con favor se paga, aun a costa de los principios básicos que habrían de regirnos. Por lo tanto, España no es ni ha sido una auténtica democracia, sino un sistema basado en el gobierno y el poder concentrado de unos pocos, bajo el disfraz de papel de demócratas metidos a políticos. Son otros los que mandan. Otros los que fijan el compás. Y en los puestos de Estado, a cambio de su propio enriquecimiento, sus representantes, que no los nuestros. No lo olvidemos.

    Dice Saramago -y jamás oí mayor verdad al respecto- que estamos dando por hecho que en esta época nuestra disfrutamos de una democracia, que creemos que una vez que esta se toca o se alcanza es eterna y está asegurada,.. y que casi con pensar en que se tiene esta se convierte en una realidad. Pero es falso. Todos los principios democráticos que le dan forma se encuentran corrompidos o ausentes, y el poder no se encuentra en la esfera política, sino en manos de los grandes monopolios económicos que son quienes llevan las riendas de las decisiones a tomar. Los políticos no están, pues al servicio del ciudadano, como digo, no son nuestros representantes. Representan y sirven al poder económico aunque ello suponga un enorme perjuicio para la ciudadanía. Y lo hacen porque nosotros los colocamos en sus correspondientes escaños, luego, somos nosotros quienes nos ponemos la soga alrededor del cuello al dotarles de poder para responder a las exigencias del dinero. ¿Lo vemos?, ¿somos capaces de ver la maquinaria? Y,… una vez vista, ¿por qué lo consentimos y no los tiramos de la poltrona?

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(1) La “ley mordaza” es el nombre coloquial con el que se conoce a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Entró en vigor en julio de 2015, y supone una estricta limitación de los derechos de expresión, manifestación y reunión. Aprobada en el Congreso con los únicos votos del Partido Popular, ha sido objeto de numerosas críticas por parte de la prensa internacional. Asimismo, desde organismos internacionales, como Amnistía Internacional o la misma Organización de las Naciones Unidas, se instado al gobierno a derogarla aludiendo a sus medidas represoras propias del régimen dictatorial franquista. 
(2) César Strawberry, cantante de la formación Def Con Dos, fue condenado en 2017 a un año de prisión por publicar unos tuits irónicos por los que fue acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo.
(3) El rapero Valtònyc entrará en prisión en los próximos días para cumplir una condena de tres años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional, por un delito de enaltecimiento del terrorismo y injurias a la Corona en el contenido de las letras de sus canciones. 
(4) Guillermo Martínez-Vela y Joan Ferrús, director y subdirector de la revista El Jueves, se encuentran desde el 9 de mayo de 2018 imputados por el juzgado número 20 de Barcelona por un presunto delito de injurias, a raíz de la publicación de un texto satírico en el que bromea con la posible ingesta de estupefacientes de policías antidisturbios en la jornada 1-O en Cataluña. 
(5) Se puede bombardear Cataluña”, “es preciso el uso de la fuerza”, declaraciones de Federico Jiménez Losantos, en su programa EsRadio -Libertad Digital-, el 14 de mayo de 2018, en relación con la situación de Cataluña y su reciente experiencia independentista. 
(6) El Informe del Consejo de Información del último trimestre de 2017 arroja datos en los que se recogen 50 nuevos casos de manipulación y censura por parte de los Informativos de RTVE, en los que existe ocultación de datos de casos de corrupción política en los que se ven implicados miembros del Partido Popular y/o de Gobierno. Junto a ellos, destaca la manipulación sobre datos económicos, como el paro, el vaciado de la hucha de la Seguridad Social, la mínima subida a los pensionistas, o las desigualdades de salario entre hombres y mujeres. Otro aspecto destacado por los representantes de la redacción se refiere al doble rasero utilizado en las manifestaciones o protestas ciudadanas. Los propios trabajadores del ente han denunciado las presiones a las que se ven sometidos diariamente en el ejercicio de su labor informativa. 
(7) En España existe un régimen general para todo el Estado, regulado a través de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), aprobada en el año 1985 y modificada en 2011. Según esta ley, que se apoya en el sistema de elección de la Ley D’Hondt -siglo XIX-, el voto de todas las personas que acuden a las urnas no vale lo mismo en todas las circunscripciones y eso se traduce en que el número de escaños depende de otros factores, como por ejemplo la diferencia de población. El Congreso se compone de 350 diputados que representan a 52 circunscripciones o provincias. Según la LOREG, Ceuta y Melilla disponen de un diputado cada una, mientras que el resto de circunscripciones tienen asignados dos diputados como mínimo y el resto se reparten según la población empadronada.






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